Convenio regulador para ayuda familiar como requisito.
Cada vez más los organismos oficiales tienen en cuenta la situación familiar de cada contribuyente a la hora de conceder ayudas y prestaciones económicas. Por ejemplo, el INEM solicita el convenio regulador para ayuda familiar, tanto en personas casados como no casadas que tengan hijos. Se trata de primar las prestaciones que van dirigidas a aquellas personas con hijos a su cargo sin más ayuda que una pensión de alimentos.
En consecuencia, en despachos matrimonialistas como Abogado Divorcio Tenerife se nos está encargando con creciente frecuencia la redacción de convenio regulador para ayuda familiar, a fin de poderse aportar a la oficina de desempleo correspondiente.
Ahora bien, ¿basta el convenio regulador para ayuda familiar o es necesario algún requisito más? Esto es: ¿sirve para cobrar la prestación un mero acuerdo privado entre la pareja en que se determinan las cuestiones relativas a la guarda y custodia, patria potestad, pensión de alimentos y derecho de visitas, o la administración exige algún requisito más?
La cuestión queda abierta, ya que en principio basta con que el usuario acredite que no convive con el otro progenitor de sus hijos, esto es, que debiera servir un simple contrato privado en este sentido, pero la experiencia nos demuestra que desde las oficinas del INEM están pidiendo que el convenio regulador para ayuda familiar esté homologado por un notario o un juez. La razón que subyace es evitar la picaresca, esto es, que las parejas que no se separan utilicen esta argucia para cobrar la prestación, aunque de hecho continúen viviendo juntas. No es en absoluto descabellado pensar que más de una pareja de hecho o matrimonio con hijos que precisen para subsistir de una prestación o subsidio se avengan a firmar un documento sin más relevancia que la que ellos le quieran dar para obtener aquélla. De ahí que desde la administración se les obligue a «currárselo más» a la hora de acreditar que realmente viven separados.
Así, el convenio regulados para ayuda familiar precisa -para tener validez ante el INEM y otras instituciones públicas, que los acuerdos reflejados en el mismo hayan sido elevados a público mediante un notario o -aún mejor- que éstos hayan sido homologados por un juez mediante un procedimiento de divorcio o de guarda y custodia en función de si la pareja estaba casada o no. En este sentido, resulta sospechoso para el que otorga la prestación que una pareja que en principio ha sufrido una ruptura opte por acudir a un notario en lugar de dejar reguladas sus relaciones futuras a través de un juzgado. No descarten por tanto que a no mucho tardar que para cobrar el subsidio les exijan la sentencia que homologue el convenio.
Por lo tanto, nuestro consejo es claro: acudan a un abogado para que redacte su convenio regulador para ayuda familiar y posteriormente lo adjunte a una solicitud de divorcio o guarda y custodia de mutuo acuerdo. Es un trámite sencillo, rápido y no excesivamente oneroso (en nuestro despacho cobramos 350 euros con procurador incluido, 175 por persona).
